Desde hace más de cuatro años, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se encuentra en el ojo de la tormenta por el manejo irregular de fondos. Pero ahora la Justicia empieza a ver la punta del iceberg. La mira judicial está puesta en dos gestiones anteriores a la de la actual directora, Liliana Mazure: la de Jorge Alvarez y la del actual diputado kirchnerista Jorge Coscia.
El juez Claudio Bonadío tiene muy avanzada una causa que contempla más de 70 expedientes que mostrarían serias irregularidades en la entrega de subsidios entre 2005 y 2008. Además, la Fiscalía Nacional de Administraciones investiga el manejo de subsidios y tiene bajo la lupa el desmanejo de gastos que generó el Festival de Cine de Mar del Plata en 2007, así como el caso de una polémica donación al ex intendente de esa ciudad Daniel Katz y el millonario contrato de un productor del mismo Incaa.
A Coscia se le inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito que hace unos días fue cerrada por el juez Norberto Oyarbide, el fiscal apeló el fallo y pasó a su revisión en la Cámara Federal. En tanto, la gestión de Alvarez, que renunció por "problemas de estrés y acumulación de funciones", también resultó polémica y dio comienzo a la causa de Bonadío.
Las dos administraciones tienen un eje en común: el manejo discrecional de subsidios para películas, más conocidos como fondos "3-J" (por el artículo tercero, inciso J, de la ley de cine, que permite la entrega de subsidios directos de parte de las autoridades del Incaa). La actual directora del instituto frenó toda la entrega de estos subsidios hasta que la Justicia esclarezca la investigación pendiente.
La causa de Bonadío sobre los 3-J se sustenta en 300 expedientes de otorgamiento de fondos para películas. Según destacaron fuentes del juzgado, 70 de esos 300 expedientes tienen "severas irregularidades detectadas". Entre otras cosas se registró: falta de controles administrativos, ausencia de dictámenes jurídicos, películas que nunca habrían estado terminadas o films jamás realizados. En medio de esto, fuentes confiables del Incaa aseguraron que antes de los allanamientos que hizo Bonadío se habrían "perdido" numerosos expedientes de subsidios 3-J.
Los 70 expedientes responden a subsidios de entre 400.000 y 800.000 pesos, aunque hubo películas que sobrepasaron el millón de pesos y que también están bajo investigación. "Hay casos que son muy groseros", se limitó a decir una fuente judicial. La grosería se repite en otros casos que investiga la Fiscalía Nacional Administrativa. Se trata, por ejemplo, del Festival de Cine de Mar del Plata 2007. Al parecer, allí se habría violado el reglamento de compras y contrataciones, se habría gastado el doble de lo presupuestado y se habría realizado una donación de más de 180.000 pesos por parte del Incaa al entonces intendente kirchnerista Katz. También está bajo análisis el autocontrato de un productor del Festival de Mar del Plata con una empresa suya.
"Estamos investigando subsidios y manejos de fondos internos", expresó José Luis Magnano, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Los informes de la Sigen del Festival de Cine de Mar del Plata de 2006 ya habían advertido sobre hechos que se reiteraron un año después: no se cumplió con los procedimientos del régimen de contrataciones, el presupuesto no se adaptó a las necesidades del evento y hubo falta de cumplimiento del régimen de invitados. Desde 2006 que la Sigen no eleva un informe de auditoría del Incaa, y esto tiene que ver con la falta de documentación girada por el Incaa.
Muchos de estos casos fueron denunciados por la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), el Sindicato Industria Cinematográfica Argentina (Sica) y el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep), que criticaron el otorgamiento discrecional de subsidios.
En los últimos años el presupuesto del Incaa fue de un promedio de 150 millones de pesos. Por la ley de cine, la mitad de esos fondos fue a parar a la promoción (subsidios y créditos) de películas nacionales. Este año el presupuesto global ascendió a 184 millones de pesos.
El Incaa es un ente autárquico. Se sustenta con fondos provenientes de la recaudación del impuesto al cine y con fondos del Comfer. Sus autoridades dependen de la Secretaría de Cultura y en instancias superiores de la Jefatura de Gabinete.
Fuente: LaNacion
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