El Incaa y la sombra de los decretos 3-J

Desde hace más de cuatro años, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) se encuentra en el ojo de la tormenta por el manejo irregular de fondos. Pero ahora la Justicia empieza a ver la punta del iceberg. La mira judicial está puesta en dos gestiones anteriores a la de la actual directora, Liliana Mazure: la de Jorge Alvarez y la del actual diputado kirchnerista Jorge Coscia.

El juez Claudio Bonadío tiene muy avanzada una causa que contempla más de 70 expedientes que mostrarían serias irregularidades en la entrega de subsidios entre 2005 y 2008. Además, la Fiscalía Nacional de Administraciones investiga el manejo de subsidios y tiene bajo la lupa el desmanejo de gastos que generó el Festival de Cine de Mar del Plata en 2007, así como el caso de una polémica donación al ex intendente de esa ciudad Daniel Katz y el millonario contrato de un productor del mismo Incaa.

A Coscia se le inició una causa por presunto enriquecimiento ilícito que hace unos días fue cerrada por el juez Norberto Oyarbide, el fiscal apeló el fallo y pasó a su revisión en la Cámara Federal. En tanto, la gestión de Alvarez, que renunció por "problemas de estrés y acumulación de funciones", también resultó polémica y dio comienzo a la causa de Bonadío.

Las dos administraciones tienen un eje en común: el manejo discrecional de subsidios para películas, más conocidos como fondos "3-J" (por el artículo tercero, inciso J, de la ley de cine, que permite la entrega de subsidios directos de parte de las autoridades del Incaa). La actual directora del instituto frenó toda la entrega de estos subsidios hasta que la Justicia esclarezca la investigación pendiente.

La causa de Bonadío sobre los 3-J se sustenta en 300 expedientes de otorgamiento de fondos para películas. Según destacaron fuentes del juzgado, 70 de esos 300 expedientes tienen "severas irregularidades detectadas". Entre otras cosas se registró: falta de controles administrativos, ausencia de dictámenes jurídicos, películas que nunca habrían estado terminadas o films jamás realizados. En medio de esto, fuentes confiables del Incaa aseguraron que antes de los allanamientos que hizo Bonadío se habrían "perdido" numerosos expedientes de subsidios 3-J.

Los 70 expedientes responden a subsidios de entre 400.000 y 800.000 pesos, aunque hubo películas que sobrepasaron el millón de pesos y que también están bajo investigación. "Hay casos que son muy groseros", se limitó a decir una fuente judicial. La grosería se repite en otros casos que investiga la Fiscalía Nacional Administrativa. Se trata, por ejemplo, del Festival de Cine de Mar del Plata 2007. Al parecer, allí se habría violado el reglamento de compras y contrataciones, se habría gastado el doble de lo presupuestado y se habría realizado una donación de más de 180.000 pesos por parte del Incaa al entonces intendente kirchnerista Katz. También está bajo análisis el autocontrato de un productor del Festival de Mar del Plata con una empresa suya.

"Estamos investigando subsidios y manejos de fondos internos", expresó José Luis Magnano, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Los informes de la Sigen del Festival de Cine de Mar del Plata de 2006 ya habían advertido sobre hechos que se reiteraron un año después: no se cumplió con los procedimientos del régimen de contrataciones, el presupuesto no se adaptó a las necesidades del evento y hubo falta de cumplimiento del régimen de invitados. Desde 2006 que la Sigen no eleva un informe de auditoría del Incaa, y esto tiene que ver con la falta de documentación girada por el Incaa.

Muchos de estos casos fueron denunciados por la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), el Sindicato Industria Cinematográfica Argentina (Sica) y el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep), que criticaron el otorgamiento discrecional de subsidios.

En los últimos años el presupuesto del Incaa fue de un promedio de 150 millones de pesos. Por la ley de cine, la mitad de esos fondos fue a parar a la promoción (subsidios y créditos) de películas nacionales. Este año el presupuesto global ascendió a 184 millones de pesos.

El Incaa es un ente autárquico. Se sustenta con fondos provenientes de la recaudación del impuesto al cine y con fondos del Comfer. Sus autoridades dependen de la Secretaría de Cultura y en instancias superiores de la Jefatura de Gabinete.

Fuente: LaNacion

DAC Y PCI PIDEN REVISIONES EN EL INSTITUTO DEL CINE

Las asociaciones Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y Proyecto Cine Independiente (PCI) emitieron sendos comunicados en los que cuestionan varios aspectos del Plan de Fomento que está elaborando el Incaa.

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Buena parte del mundo del cine argentino había logrado tranquilizarse tras la renuncia de Jorge Alvarez a la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en medio de un clima de denuncias sobre presuntos manejos irregulares en la entrega de subsidios. Su reemplazante, Liliana Mazure, logró un amplio apoyo de productores y directores argentinos y una cuota de confianza de la industria. Sin embargo, a raíz de una futura resolución que está diseñando el Incaa para modificar el Plan de Fomento, dos de las agrupaciones más importantes de cineastas salieron a cuestionar posibles aspectos de la nueva medida, a través de dos comunicados, según informa el sitio www.otroscines.com.

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) señala que “a raíz de algunos trascendidos sobre la redacción de una resolución para un nuevo Plan de Fomento que el Incaa llevaría adelante, y tras una reunión realizada con miembros delegados de los Productores agrupados en la Fapca, y con la conducción del PCI, informamos a nuestros asociados de algunos puntos de la misma en las cuales no concordamos”. Y enumeran una serie de puntos que, entienden, es necesario discutir. Como ejemplo pueden mencionarse el desacuerdo con “la presentación de resoluciones aisladas para la conformación de un nuevo Plan de Fomento. Por el contrario, la presentación debe darse a conocer juntamente con todas las resoluciones que conformen un Plan de Fomento Integral”. Y señalan que dicho plan, además del sistema de preclasificación, debería presentar “los concursos a desarrollarse anualmente, tales como óperas primas, películas a terminar, etc.; los sistemas de Fomento para la Vía Digital, entendiendo ésta como una Vía que integre el Documental y la Ficción; el Fomento para cortometrajes; las herramientas financieras: anticipos de subsidios, créditos, etc.; y todas las medidas que se utilizan para el fomento de la actividad”.

Con respecto a los derechos de antena, DAC está “en total desacuerdo con la eliminación de la compra de los derechos de antena para las películas nacionales”. En el caso del subsidio por lanzamiento, “creemos que debe incorporarse al nuevo Plan de Fomento, al igual que el derecho de antena”. Otro de los puntos refiere a la fundamentación de los fallos: “Es primordial que los fallos sean fundamentados por cada uno de los miembros de los distintos Comités del Incaa. Vale decir; que no haya una sola fundamentación globalizadora, sino que se sepa, y asuma la responsabilidad del voto, cada uno de los integrantes por separado. Esto dará definitiva transparencia a la votación y además tendrá el doble beneficio de que permitirá, a quien quiera apelar, tener elementos para la defensa del proyecto o la película terminada. Constituyendo, además, un control del ejercicio de la función que lleva adelante cada uno de los integrantes de los distintos Comités”. Entre otros aspectos, el comunicado también señala como “insuficiente” ubicar el costo medio de una película en $2.300.000 y consideran que, como mínimo, debe ascender a $ 2.800.000.

Por su parte, la agrupación Proyecto Cine Independiente (PCI) emitió un comunicado que señala que “las resoluciones que se estarían por emitir modifican algunos parámetros económicos desactualizados –lo que era indispensable y urgente– y corrigen varios errores técnicos del plan anterior. Sin embargo, por lo que se nos ha informado hasta el momento, lejos estarían de convertirse en un plan de fomento global, de eliminar los vicios corporativos que han perjudicado tanto al cine argentino y de pensar como prioridad el mejoramiento de la calidad de las películas que se producen a través del fomento del organismo”.

Otro extracto del comunicado del PCI señala: “La consolidación de una industria, la posibilidad de más y mejor trabajo para todos y un mejor vínculo de los cineastas con los espectadores son objetivos a alcanzar, pero creemos que no se logra con menos producciones por año pero más caras, ni con el incremento de requisitos para los postulantes a acceder al fondo de fomento, las cuales nada tienen que ver con la calidad de los proyectos ni con el potencial artístico de sus responsables”. Los miembros del PCI entienden que “ya desde el plan de fomento vigente desde 2004 –que tampoco era un plan global– se han venido poniendo trabas a la figura del director/productor, exigiendo responsabilidades impositivas y financieras que sólo una empresa productora puede afrontar. La Ley de Cine, impulsada históricamente por los directores, se ha ido desvirtuando en su espíritu, de manera funcional a las empresas productoras y en contra del director que quiere producir sus propias películas. Sin embargo, esta rigurosidad impositivo-financiera no es congruente con la laxitud con la que son analizados los proyectos desde el punto de vista artístico, tanto de aquellos presentados por empresas como por directores. De esta ecuación se deduce un espíritu corporativo y burócrata que jamás tenderá a mejorar la calidad de las películas sino, por el contrario, profundizará los vicios que acarrea la actividad cinematográfica desde la promulgación de la Ley”.

El PCI entiende que “los cambios importantes, sobre todo en las estructuras del Estado, son difíciles y traumáticos. Entendemos que hay infinidad de fuerzas y corporaciones conservadoras que impiden modificar estructuras corruptas o ineficientes. Pero como todavía creemos en el deseo de esta gestión por mejorar las cosas y encontrar caminos para el bien del cine argentino, manifestamos aquí nuestra preocupación por varios aspectos del nuevo Plan de Fomento que parecen ser signos de una nueva oportunidad perdida, y declaramos nuestra intención de seguir colaborando con ideas y de apoyar toda decisión que implique un cambio verdadero para tener un mejor cine argentino para todos”.

Fuente: Pagina12